Hijos del dinero y del poder acusados de violación en manada en Chubut van a juicio

«Fue el 17 de septiembre de 2012, tenía 16 años y fue en Playa Unión».

Escribe la víctima. Es su propia denuncia, que publicó en redes sociales. El comienzo del texto es informativo. Cuenta que habían ido a pasar el comienzo de la primavera con un grupo de siete amigas a un popular balneario de la ciudad de Rawson, en la provincia del Chubut. El texto sigue: la joven narra cómo fue violada por cuatro hombres, con la complicidad de otros dos. Los nombra y muestra sus fotos. La publicación es del 20 de enero de este año, difundida a través de un colectivo feminista chubutense llamado Magdalenas.

En mayúscula la carta concluye: «NO TENGO MIEDO, NO ME CALLO MÁS».

La acusación se volvió viral. El hashtag «#lamanadadeChubut» se propagó. El fiscal general de Rawson Fernando Rivarola inició la investigación de oficio e instó a la joven a que realizara la denuncia que luego fue investigada por la fiscal María Florencia Gómez.

Así, solicitaron la apertura formal de la investigación luego de recabar pruebas durante seis meses. En ese proceso, recogieron las declaraciones de más de 60 testigos que avalaron la declaración de la joven. El 2 de agosto se celebró la audiencia en la Oficina Judicial de Rawson donde quedaron formalmente imputados cinco de los seis sospechosos. La audiencia fue privada porque al momento del supuesto delito la mayoría de los involucrados eran menores de edad.

En la audiencia, el fiscal Rivarola leyó la acusación al juez a cargo de la causa Marcelo Nieto Di Biase ante cuatro de los imputados, quienes fueron asistidos por sus defensores particulares. Uno de los acusados, abogado de profesión, ejerció su autodefensa. A las nueve y media de la mañana, un colectivo feminista junto a familiares, amigos y organizaciones sociales autoconvocadas se agolparon frente a la sede fiscal, donde desplegaron pancartas con consignas como «el silencio es complicidad», «la manada es el sistema», «ya no nos callamos más» y «tu apellido no te salva».

La última frase no es casual: los denunciados son hijos de familias reconocidas e influyentes en la ciudad, relacionadas al espectro político y empresarial.

Quedaba un imputado por presentarse ante el juez, Tomás Soriano. Lo hizo el 27 de agosto. En la audiencia anterior no pudo estar presente porque reside en Miami, donde administra una empresa. El magistrado entendió la ausencia como «razonable». También fue recibido por una manifestación en apoyo a la víctima. Un cartel decía «Entrá tranquilo que nosotros te cuidamos la puerta». La expresión recrea el delito del que se lo acusa: Soriano fue denunciado como el encargado de cuidar que nadie entrara ni saliera de la habitación donde se habría cometido la violación en manada.

El hecho fue calificado como «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas». El Ministerio Público Fiscal de la provincia reveló que la fiscal del caso no pidió encarcelarlos, pero obligó a los imputados a no ausentarse de su domicilio legal por más de una semana y les prohibió salir del país, a menos que dispongan de una autorización judicial expresa.

La joven contó en su publicación que tuvo un intento de suicidio cuando volvió a Puerto Madryn de sus vacaciones, que desde el entorno de los acusados quisieron supuestamente convencerla para que no denunciara el hecho y que a causa del hostigamiento tuvo que mudarse a otra ciudad, «como si hubiera sido responsable de la situación».

«Desde ese momento que estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico, y gracias a todo este tiempo de intentar sanar es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. Que se sepa qué tipo de personas son, que durante todos estos años siguieron sus vidas impunemente, mientras yo no tengo estabilidad emocional y por ello sigo tratada», cerró.

Los acusados, uno por uno

Luciano Mallemaci: uno de los cuatro hombres que la presunta víctima señala como uno de los abusadores. Mallemaci tiene 25 años y es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn. De acuerdo a sus registros, su último empleo en blanco fue en una empresa cordobesa que se dedica a elaborar piezas de hormigón.

Marcelo Ezequiel Quintana: con domicilio fiscal en Caleta Olivia, Santa Cruz, es otro de los apuntados por la joven de haber abusado de ella. Al momento del hecho era mayor de edad y actualmente tiene 28 años. Está registrado en los rubros de servicios jurídicos de la AFIP. Integra junto a miembros de su familia la firma Andequin S.A., una sociedad dedicada a la construcción. Reside, ahora, en la ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Ezequiel Quintana junto a Leandro del Villar. Ambos tienen 28 años y eran mayores cuando habrían participado de la violación
Marcelo Ezequiel Quintana junto a Leandro del Villar. Ambos tienen 28 años y eran mayores cuando habrían participado de la violación

Leandro del Villar: nacido en Puerto Madryn, tiene 28 años y era mayor de edad cuando, según lo denunciado, abusó de la presunta víctima. Según medios locales, jugó al squash y es corredor de karting aficionado. Su principal actividad comercial es el transporte de pasajeros, en la que figura registrado como empleador según la AFIP.

Robertino Viglione: en la actualidad tiene 24 años y al momento del hecho era menor de edad. Es sindicado por la joven como uno de los abusadores: en el relato también dice que se comunicó con ella pidiéndole que no lo denunciara «porque sus padres se estaban por separar». Trabajó en diversas productoras de televisión de acuerdo a datos patrimoniales y es el nieto del ex gobernador de Chubut y diputado por la provincia Atilio Viglione.

Tomás Soriano: nacido y crecido en Gaiman, provincia de Chubut, actualmente reside en Miami donde maneja la compañía Patagonian Sea. En la denuncia, la joven lo acusa de haber sostenido la puerta para que nadie ingresara al cuarto donde cuatro hombres abusaban de ella. Es hijo de Gonzalo Soriano, un poderoso empresario de la pesca.

Joaquín Pérez: es el único que no quedó imputado. Habría colaborado con la Justicia desde un rol de arrepentido. Su papel en la presunta violación habría sido de coparticipación sin intervención: de testigo del hecho. La víctima dice que él confesó que la drogaron para someterla. Su hermano, Genaro Pérez, fue recientemente electo como intendente de Gastre, una comuna rural del norte de Chubut.

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